Por Gerardo Herrera.
El fraude maquinado a través de los años por los socios, dueños de Financiera Coofia, emana un fuerte y terrible olor a podredumbre.
El delito de fraude no es nuevo en el sistema financiero Mexicano. En el año 2000, estalló un gran fraude con las pseudocajas de ahorro. Se pagó en su momento un gran costo económico, pero también político.
En el asunto Coofia, de entrada hay un riesgo político en puerta a las elecciones de 2010, y es raro que el gobierno este dispuesto a asumirlo por ahorrarse un costo en la oportuna regulación de estas entidades financieras.
Eso es explicable porque en el caso de los fraudes de los años noventa, salió mucho más caro compensar a los ahorradores que lo que se hubiera tenido que invertir para meter al orden a estas financieras con anterioridad.
Estamos ante la punta del iceberg. En este preciso momento se están preparando la operación maquillaje, para que el daño sea menor, pero para los defraudadores.
Se tienen nombres de los responsables: Valente Medina Seoane, pero además se habla de prestanombres, entre los que sobresalen Maria Elena de Gante Ávalos, esposa de Valente, así como de sus hermanas Ana María y Guadalupe.
Víctor Manuel Almeida, quien es abogado actual del FINE, (Federación Integradora Nacional de Entidades), así mismo Miguel Ángel Corona Cerezo, Darío y Gerardo Medina Seoane (hermanos), Alfonso Colunga Velásquez, Anastasio Pineda Segura, Arturo Corona Lara, Ernesto Osorio, Eduardo Bautista Franquis, Juan Manuel González Bortolini, y el propio chofer de Valente: Roberto Rodríguez Rivera, quienes seguramente deberán ser investigados ampliamente por la Procuraduría General de la Republica, para deslindar alguna responsabilidad.
¿Pero qué esta sucediendo con los defraudados?
Al concluir la marcha de al menos 500 personas, que partieron del “gallito” en el Paseo Bravo, y culminó en Casa Aguayo, los defraudados, en su mayoría personas de la tercera edad, gritaron su frustración con los propios altavoces de los “antorchistas”, que dicho sea de paso, permanecen en plantón indefinido en las afueras de esta casa de gobierno.
“Vámonos, aquí no nos van a resolver nada, sólo nos dan largas!“ fueron las voces que se escucharon. ¿Será cierto que la reunión con el Secretario de Gobernación y donde se nombró a Martín Fuentes, que funge como Procurador del Ciudadano, que fuera la voz autorizada para llevar las diligencias de este caso, no tuvo la legitimidad suficiente, ni la credibilidad que pudiera darles confianza a los miles de defraudados?
Resulta indignante la actitud que han asumido algunos funcionarios, responsables de áreas y departamentos que hoy –a pesar de su basto conocimiento litigante- no pueden dar soluciones de peso a los miles de defraudados por Finaciera Coofia, aunque dicho sea de paso, tampoco el camino es descalificar a los despachos bien establecidos y constituidos que han ofrecido sus servicios a defraudados, pues hoy día, nadie puede asegurar el éxito completo en el largo litigio que esta por iniciar.
Los defraudados están muy molestos, y con justa razón. Se les ha dicho que en el caso que se logre alguna recuperación del capital, no será en ningún momento el mismo que depositaron al cien por ciento.
En el mejor de los casos, un defraudado recuperaría un tope máximo de 160 mil pesos. Esto en algunos casos podría llegar a representar menos del 10 por ciento de lo invertido.
Tal pareciera, sin animo de ofender a nadie, que se les estuviera construyendo un blindaje a estas ratas de cuello blanco, para que en el futuro cercano, pudieran entrar y salir de la cárcel pagando una fianza, y lo que es peor, que el propio gobierno del estado, autorice el pago a los defraudados con recursos que debieran dedicarse a obra social, a nombre de Coofia.
Obviamente anotándose una victoria y quedando como un Robin Hood moderno.
Esto ha provocado un nuevo enfrentamiento entre los diputados del congreso del Estado. Mientras los panistas han exigido la intervención del Gobierno del Estado para el auxilio de los defraudados, la diputada priísta Gudelia Tapia Vargas calificó de ridículas estas expresiones, y argumento que “el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo contempla y son cómplices de los fraudes cometidos por cajas de ahorro como Coofia, porque permitieron que manejaran de manera irregular el dinero de la gente para después defraudarlos”.
Por desgracia, amigos, en las próximas semanas tendremos mas y mayor información que desenmascarará una pestilente red de intereses y negocios, de comisiones y cochupos, en los que nos quedaremos cortos, para nombrar en un solo día, a todos los involucrados, y créame, físicamente no están tan lejos.
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