¿DEFENSORES COYOTES?

MONITOREO. En La Quintacolumna de hoy, vale la pena leer estas lineas, que le envía al periodista Mario Alberto Mejía, Israel Trujillo López, abogado.

Esto escribe el talentoso abogado Israel Trujillo:

“Estimado Mario Alberto:

“A la Casa del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador se ha acercado gente afectada por empresas captadoras de recursos, desinformada y mal asesorada, a quienes les pido que no se dejen sorprender pero por el coyote de Martín Fuentes Morales, quien es procurador pero de intereses oscuros, y no del ciudadano.

Te explico: “La captación de recursos del público por entes no autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está tipificada como delito por la Ley de Instituciones de Crédito, según su artículo 111, que dice: ‘Serán sancionados con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las personas físicas, consejeros, funcionarios y administradores de personas morales que realicen operaciones en contravención a lo dispuesto por los artículos 2o. o 103 de esta ley’; artículos que refieren la captación de recursos del público sin estar autorizados.

“Querella que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien podrá solicitar a favor de los afectados la reparación del daño, ordenando el aseguramiento de todos y cada uno de los bienes de los presuntos defraudadores y de terceros simuladores, ante la Procuraduría General de la República, por tratarse de un delito federal, según prevé el artículo 6º, del Código Penal Federal, que dice: ‘Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo’.

“Es decir, estamos ante un problema del orden federal, donde la defensoría le corresponde al Instituto Federal de Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, y no a la Procuraduría del Ciudadano del Estado de Puebla.

“¿Qué pretende Martín Fuentes Morales? Sancionar a los presuntos defraudadores bajo las leyes y autoridades incompetentes, para que a través del Juicio de Amparo, sean absueltos; para entonces ya habrán pasado las elecciones del 2010.

“Insisto, los afectados deben acudir ante los asesores jurídicos gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación.

“¿Por qué Rafael Moreno Valle, senador de la República, hace mutis al respecto?, ¿por qué no incita a las autoridades competentes para que sancionen el desfalco al pueblo?

“Te escribo, Mario Alberto, asqueado de que el PRI y el PAN, a través de sus gobernantes en el poder, sigan desfalcando al pueblo en completa impunidad.

“Saludos fraternos”.