PERMISOS PROVISIONALES.
Cuando el río suena, es que agua lleva. Esto se aplica por tantos señalamientos que ha tenido el director de operación del transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte Estatal, Anuar Musalem Valencia.
¿Ejemplos? Ahí le van:
El 8 de Enero de este año, transportistas organizados cerraron los accesos a los municipios de Izucar de Matamoros, Chietla y Chautla, para manifestar su inconformidad, porque bajo el aparente consentimiento de la SCT, circulan por doquier unidades piratas o con permisos provisionales, causando molestias y una baja en sus ingresos a los transportistas que si cumplen con todos los papeles y están en regla.
“Por eso estamos cansados de que a placer y consentimiento de la SCT dejan que Antorcha Campesina trabaje como se le da la gana, este ya es un pueblo sin ley que todos hacen lo que quieren y los que están al frente como Abraham Sánchez comete corrupción a ojos abiertos de todos” explicaron molestos permisionarios.
Dicen los transportistas que ni Musalem Valencia ni Abraham Sánchez , coordinador general del transporte, han querido hacerles siquiera caso, sirviendo a intereses de algunos lideres que, gracias a los “cochupos” que les proporcionan, continúan trabajando al margen de la ley.
El mismo Anuar Musalem, ha admitido que en el estado circulan alrededor de 1000 taxis, solamente, trabajando irregulares, piratas o con permisos provisionales, pero que para evitar un “conflicto social” la SCT no ha podido (o habrá querido decir: podido?) darle una definición oficial.
El Código de Defensa Civil, en su artículo 199 contempla la sanción legal a quien incurra en la prestación del servicio de taxi sin el permiso correspondiente, por lo que es un delito que se sigue por oficio.
Otro ejemplo mas. Transportistas adheridos a la organización denominada TUNS, y la Cooperativa Constantino Sánchez Romano, señalan a Musalem de estar en contubernio con dos “coyotes” de nombre Enrique Pérez y Antonio Zárate, para proporcionales permisos provisionales para rutas urbanas y taxis, que son vendidos hasta en 3 mil pesos, y que son destinados para unidades que no cuentan con reguladores de velocidad, por lo que la competencia es desleal para los chóferes, ocasionando accidentes por las carreritas en busca del pasaje, pues las rutas están saturadas.
¿Con todo esto, porque abundan las organizaciones establecidas, que denuncian la existencia de unidades irregulares, piratas o con permisos provisionales, sin placas, sin reguladores de velocidad, y no pasa nada?
¿Cómo nos explicamos que hay tantas irregularidades a la vista de Anuar Musalem y Abraham Sánchez y todo sigue tan tranquilo?
Alguien aquí esta llenándose los bolsillos, por permitir estas irregularidades, y provocar estas inconformidades que, ojala no desemboque en conflictos sociales.
Los magros resultados y poca efectividad de estos funcionarios, podrían estar empañando el arduo trabajo que ha demostrado Valentín Meneses Rojas al frente de la Secretaria.
Y con el asunto de Azumiatla, el horno no esta para bollos.
Réplicas y comentarios: columna.corazondelator@gmail.com
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